En el despacho del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa, Putumayo, reposa una solicitud de restitución de su territorio ancestral y ampliación del resguardo Buenavista. El propósito, señalan miembros de esta comunidad, en riesgo de exterminio físico y cultural, no es otro que proteger una zona de alto valor espiritual de los intereses de empresas petroleras y de grupos armados que buscan desarrollar en ella actividades ilícitas.
___

Mucho antes de que llegaran a las selvas del Bajo y Medio Putumayo los conquistadores españoles, los misioneros franciscanos, los caucheros, los colonos campesinos, los cocaleros, las empresas petroleras, la guerra y sus actores armados, estaba el pueblo Zio Bain, conocido después como Siona.

Sus dominios, según testimonia una caracterización realizada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), se extendían desde lo que hoy se conoce como Orito, pasando por el Valle del Guamez y Puerto Asís, hasta Puerto Leguizamo. Históricamente, el pueblo Siona también ha poblado las riberas tanto del lado colombiano como del lado ecuatoriano del río Putumayo, que sirve de línea divisoria entre ambas naciones.

“Nuestros mayores recorrían todo ese territorio por el río”, explica Mario Erazo Yaiguaje, líder indígena Siona, cuyo segundo apellido en lengua nativa (Mai coca) significa “hombre del jaguar”. De mirada atenta, piel marrón y correcto español, recuerda que el tiempo de sus ancestros “se vivía en armonía con la selva, con el río. Nuestros mayores se movían con toda libertad por el territorio. Pero, entonces, por allá en los (años) setenta resultó un día que teníamos que crear un resguardo y eso, claramente, era para acorralarnos, para evitar que tuviéramos posesión de la tierra”.

Durante La Colonia, la Corona Española creó la figura de los resguardos con el fin de garantizar la mano de obra indígena en los cultivos y las minas, permitiéndoles vivir en un territorio especial de acuerdo con sus costumbres y creencias. Algunos, incluso, llegaron a contar con títulos otorgados en aquellas épocas. Pero, tras el surgimiento del Estado colombiano, dichas propiedades colectivas tuvieron que iniciar un proceso de reconocimiento, formalización y legalización ante las entidades estatales respectivas.

Es el caso del resguardo Buenavista, a donde se llega tras dos horas de viaje remontando las aguas del río Putumayo desde Puerto Asís.

Fue así como el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) creó, mediante Resolución 053 del 24 de abril de 1974, la Reserva Indígena Buenavista. Pero, en 1983, la misma entidad, esta vez mediante Resolución 045 del 21 de julio de ese mismo año, modificó su categoría a la de resguardo.

“En ese tiempo se creía que era mucha tierra”, continúa el líder indígena. “En ese tiempo tampoco había ‘brazos’ para hacer el trabajo de instalar mojones más allá y delimitar un área más amplia. Tampoco se pensaba que se necesitaba proteger el territorio de otros actores. Lo que pensaron nuestros mayores fue: delimitemos esto, pero el territorio sigue siendo nuestro”.

Sin embargo, muchas cosas cambiaron desde aquella decisión de los mayores. Al territorio Siona arribaron colonos campesinos buscando un pedazo de tierra dónde vivir. Luego llegaron los grupos armados al margen de la ley con intenciones de imponer bajo la fuerza del fusil su modelo de dominación. También aparecieron las empresas petroleras atraídas por el oro negro que se esconde bajo las selvas del Medio y Bajo Putumayo, tierras que también encierran valores sagrados para los pueblos indígenas como los Siona.

Movidos por la necesidad de proteger una zona que han ocupado históricamente, sobre la que pesan intereses extractivos por parte de empresas petroleras y codiciado por grupos armados que buscan desarrollar lucrativos negocios ilegales, el pueblo Siona radicó en 2017 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa, Putumayo, una solicitud de restitución del territorio étnico ancestral, incluido el resguardo titulado que se solicita en ampliación, de 52.029 hectáreas, que haga parte, además, de su proceso de reparación colectiva por ser víctimas del conflicto armado.

Por los términos de la solicitud, las oposiciones que enfrenta y la desatención a la petición que desde 2010 vienen “patinando” los Siona ante diversas entidades estatales, sin respuesta satisfactoria alguna, será la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali la que dirima este caso. Su tarea no será fácil, pues además de decidir sobre la solicitud de ampliación del resguardo, tendrá la última palabra en una controversia planteada por una comunidad indígena del pueblo Nasa, asentada desde hace más de cuatro décadas en tierras de los Siona.

Esta sala especializada también deberá valorar los argumentos esgrimidos por colonos campesinos que alegan habitar, desde hace varios años, predios dentro del territorio solicitado por los indígenas; y decidir finalmente sobre las explotaciones petroleras, actuales y futuras, a cargo de la empresa Amerisur Exploración Colombia Ltda. en tierras que los Siona consideran sagradas y propias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervino en el asunto y para proteger esas tierras decretó el 14 de julio de 2018 medidas cautelares de salvaguarda territorial en favor de “las autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco) del pueblo Indígena Siona”, que el Estado colombiano está obligado a cumplir. A ellas se suman las decretadas por el Juzgado de Restitución de Tierras de Mocoa el 21 de agosto de 2018 en favor de la comunidad indígena del Resguardo Buenavista.

Pueblo en riesgo

El resguardo Buenavista es la capital del pueblo Siona. Un censo elaborado en 2017 por sus autoridades evidenció que allí viven 167 familias (unos 700 indígenas aproximadamente) de los 2.600 Siona que aún quedan. Además de Buenavista, existen otros cinco resguardos, seis cabildos y doce comunidades. Cuentan con un total de 19.600 hectáreas, unas adjudicadas por el Estado colombiano y otras adquiridas con recursos propios.

Puerto Asís, Puerto Leguizamo y Orito continúan siendo municipios con presencia ancestral del pueblo Siona. En otros, como Mocoa, aparecieron relativamente hace poco, como consecuencia directa del conflicto armado. Registros de las autoridades del resguardo Buenavista señalan que, durante los años más cruentos de la confrontación armada, es decir, durante buena parte de la década de 2000, más de 50 familias debieron abandonar a la fuerza el resguardo y reanudar sus vidas en tierras ajenas, lejos de sus costumbres.

Para los Siona, cuyas características culturales se encuentran tan arraigadas al territorio por cuanto en él reside su esencia espiritual y su espacio sagrado, el desplazamiento forzado supone una seria amenaza para su existencia como pueblo. De hecho, la cruenta guerra librada por los frentes 32 y 48 de la extinta guerrilla de las Farc, el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional en pleno corazón de su tierra sagrada, los puso en peligro de extinción.

Pero su situación de vulnerabilidad venía de tiempo atrás. De hecho, quedó consignada en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional en el seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado de pueblos indígenas que adelanta este alto tribunal, mediante el cual reconoció a los Siona como una de las 34 etnias en peligro inminente de extinción física y cultural, “víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

De acuerdo con la Corte, las incursiones de los grupos armados así como la militarización y los bombardeos de los territorios de los indígenas (muchos de ellos considerados sagrados en su cosmogonía); el padecer largos periodos de confinamiento por cuenta de la siembra indiscriminada de minas antipersonal; el éxodo forzado; el reclutamiento forzado de decenas de jóvenes; las amenazas contra sus autoridades y líderes y el asesinato selectivo de ellos, “constituyen los troncos principales de la confrontación que se cierne sobre los pueblos indígenas del país”.

Ante ello, el alto tribunal ordenó a diversas entidades estatales que, en el término máximo de seis meses contados a partir de la notificación del Auto, formularan e implementaran planes de salvaguarda étnica para cada uno de los 34 pueblos identificados en “peligro de extinción física y cultural”.

Sin embargo, según la defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, coordinadora legal de Amazon Frontlines, organización no gubernamental que acompaña al pueblo Siona, el Estado colombiano no ha ejecutado acciones contundentes tendientes a la protección de este pueblo nativo. La situación tiende a agravarse por cuanto un año después del pronunciamiento de la CIDH, no hay concertación alguna.

Los Siona, apoyados por las organizaciones Amazon, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), solicitaron una audiencia a la CIDH para septiembre próximo en Washington, que está pendiente de aprobación, para denunciar que el Estado colombiano incumple el plan de salvaguarda étnica ordenada por la Corte Constitucional en 2009 y las medidas cautelares proferidas por ese organismo internacional.

Continúa la amenaza

El riesgo de exterminio físico y cultural del pueblo Siona continúa tan vigente como dos décadas atrás. Debido al deterioro de la seguridad en la región, el resguardo Buenavista cuenta en la actualidad con medidas de protección colectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que entregó radios de comunicación y dotación para la Guardia Indígena (chalecos y distintivos), y se comprometió a aportar dos motocicletas que aún no llega.

De otra parte, dos líderes de este resguardo cuentan con esquemas individuales de protección provisto por esa entidad estatal. Uno de ellos es Mario Erazo Yaiguaje, el otro es Sandro Piaguaje, actual gobernador del resguardo.

Para los Siona, ni la desmovilización colectiva de los grupos paramilitares que operaron en todo el país, incluido el departamento de Putumayo, que finalizó en agosto de 2006, ni la dejación de armas de la extinta guerrilla de las Farc tras la firma del Acuerdo Paz, en 2016, se ha traducido en paz y tranquilidad para ellos. “Sólo fue un calmante a la contaminación auditiva del plomo que se echaban en los combates”, responde una autoridad espiritual Siona cuando se le pregunta por los efectos del reciente Proceso de Paz.

Tal como lo advirtió la Defensoría del Pueblo a través de las Alertas Tempranas 008-16 de marzo de 2016 y 024-18 de febrero de 2018, luego que la extinta guerrilla de las Farc dejara sus armas aparecieron en toda la región del Bajo y Medio Putumayo nuevas estructuras armadas, algunas identificadas simplemente como ‘los mafiosos’ o los ‘paramilitares’, otras que responden al nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), y otras conformadas por guerrilleros disidentes ‘farianos’.

Estos nuevos grupos han hecho sentir su presencia mediante la difusión de panfletos donde anuncian la imposición de restricciones a la movilidad por el río (prohibiendo la navegación después de las 6 de la tarde) y el inicio de acciones de “limpieza social”. También han ingresado a los resguardos del pueblo Siona (Buenavista y Piñuña Blanco), convocando a reuniones obligatorias a sus miembros.

“El año pasado ingresó este grupo que dice que son Farc, diciendo que no querían ver a los paramilitares por aquí. Luego ingresó ese grupo de los mafiosos diciendo que si ven a los disidentes les echan bala. Nosotros hablamos con ellos, diciéndoles que no permitimos personas armadas en el territorio y demás, pero es muy complicado porque estamos en medio de dos grupos”, cuenta un líder Siona, quien pidió se omitiera su nombre por protección.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, los indígenas de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco se encuentra en serio riesgo de ruptura del tejido social, cultural y de su identidad colectiva debido a la persistencia de problemáticas como el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de estas nuevas estructuras armadas, además del constante peligro que significa la presencia de minas antipersonal a lo largo y ancho del Bajo y Medio Putumayo. A lo anterior se suma las amenazas proferidas contra autoridades, líderes y miembros de la Guardia Indígena durante 2018, situaciones que podrían derivar en nuevos desplazamientos forzados, individuales o colectivos.

El interés de estos grupos, advierte el SAT, es el control militar y social del territorio, así como de las economías ilegales que se desarrollan en él, principalmente el cobro de extorsiones a todas las actividades comerciales, minería ilegal y el narcotráfico. Al respecto, mediciones del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) señalan que mientras en 2010, el departamento de Putumayo contaba con 4.780 hectáreas sembradas con hoja de coca, en 2017 la cifra se ubicó en 29.580, siendo el municipio de Puerto Asís el más afectado por presencia de cultivos ilícitos, con 9.644 hectáreas.

Pese a la gravedad de todo lo anterior, para los Siona, la amenaza más seria contra su integridad como pueblo indígena proviene de la explotación petrolera que desde 2012 viene realizando la empresa Amerisur Exploración Colombia Ltda, filial colombiana de la multinacional británica Amerisur, en el bloque denominado Platanillo, en los límites del resguardo Buenavista.

Tierra de petróleo

De ellos, 17 se encuentran en jurisdicción del departamento de Putumayo. De estos, actualmente se encuentran en fase de explotación tanto el contrato 154, que corresponde al Bloque Platanillo, un área de 12 mil hectáreas ubicadas en el municipio de Puerto Asís; y el contrato PUT-9, de 49.150 hectáreas que abarcan jurisdicción tanto de Puerto Asís como de Puerto Caicedo.

Ambas explotaciones están contiguas al resguardo Buenavista. Si bien para el inicio de estas operaciones no se surtió proceso de consulta previa por cuanto no estaban dentro del resguardo como tal, la comunidad indígena Siona sostiene que desde que la empresa comenzó a extraerle petróleo a la tierra, muchas cosas han cambiado para mal.

“Son varias las afectaciones. Una de ellas es la contaminación del río”, explica Sandro Piaguajé, actual gobernador del resguardo Buenavista, cuyo apellido en lengua nativa significa “gente del ají”. Y agrega: “La empresa alega que la contaminación es por la minería ilegal y los laboratorios para producir cocaína. Y no vamos a negar que en el territorio hay coca y que, para Puerto Caicedo (municipio) , hay minería, pero también es cierto que hay contaminación por parte de la petrolera, que ellos han vertido residuos de sus operaciones en las aguas del río. los niños no se pueden bañar en el río porque les puede dar enfermedades en la piel.

Para corroborarlo, autoridades del pueblo Siona solicitarán una comisión de verificación de afectaciones e impactos socioambientales para que tanto las entidades del sector minero-energético, como las autoridades ambientales, el Ministerio Público y las organizaciones acompañantes y garantes, visiten la zona y realicen las respectivas muestras que determinen qué tan contaminadas están las fuentes hídricas. “Aún no tenemos fechas, pero estamos en esas, definiendo para cuándo vamos a solicitar esa comisión”, expresa el gobernador indígena.

La toma de yajé es parte fundamental de la cosmogonía Siona. Este bebedizo, extraído de la savia de una liana que crece en tierra, trepa por los troncos de los árboles hasta alcanzar sus partes altas, donde se ramifica, es fuente de su espiritualidad. Como señala Mario Erazo Yaiguaje, “el yajé es nuestra medicina. Es lo que nos ha permitido mantenernos fuertes, unidos, enfrentando todas las amenazas que tenemos en nuestra contra”.

Para los Siona, el yajé les permite conectar los planos de mundos que nos son perceptibles por medio de los sentidos. Despeja dudas, entrega respuestas. A esta práctica ancestral y cultural agradecen, por ejemplo, el resultado más reciente que han logrado para frenar, de momento, el avance de Amerisur Exploración Colombia Ltda. por su territorio.

Se trata de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Mocoa, proferida el 21 de agosto de 2018 en el marco del proceso de restitución de derechos territoriales del resguardo Buenavista. En la medida, se le ordenó a la empresa petrolera “abstenerse, de manera inmediata, de realizar acciones encaminadas a la ejecución del proyecto sísmica para el bloque PUT-12”, un bloque de 55 mil hectáreas que comprende áreas de los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo y que se solapan con parte de las tierras solicitadas en ampliación.

“La empresa realizó un proceso de consulta previa en 2014, que no contó con el acompañamiento ni de la Dirección de Asuntos Étnicos (del Ministerio del Interior) ni de la Defensoría ni Procuraduría. Prácticamente lo que nos dijeron fue: ‘Venimos a notificarlos de los trabajos que vamos a realizar, no a pedirles permiso, porque alegaban, las tierras donde iban a hacer la sísmica, no estaban tituladas legalmente a nombre del resguardo”, recuerda Mario Erazo Yaiguaje, quien era gobernador del resguardo Buenavista para aquel entonces. “Pues nos tocó realizar todo tipo de acciones para oponernos a eso, porque como le manifestamos a la empresa, no queremos explotación de recursos naturales en nuestro territorio”.

Pese a la orden del Juzgado Primero, “ellos (la empresa) siguen realizando trabajos. El año pasado se metieron 1.200 metros adentro del resguardo, para abrir nuevos caminos para sus máquinas, sin consultarnos”, señala Mario.

Al momento, no es clara la postura de Amerisur Exploración Colombia Ltda. respecto a la solicitud de ampliación. Abogadas de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quienes representan judicialmente al pueblo Siona del resguardo Buenavista en este proceso, plantearon que “la empresa inicialmente contestó la demanda en calidad de opositor al proceso judicial. Sin embargo, este año a través de memoriales radicados ante el juez, han variado su estrategia señalando que no se oponen a la pretensión de restitución, pues les es indiferente para su proyecto petrolero quién sea el dueño del territorio”.

Para Jhenifer Mojica, subdirectora de la CCJ, es indiscutible que hay una fuerte controversia en el proceso de restitución de tierras que tiene que ver con la suspensión y la prohibición de adelantar actividades extractivas petroleras dentro del territorio ancestral Siona por las afectaciones que estas labores generan.

«Es muy controversial la postura de la empresa de no presentarse al proceso, igual es un derecho que tienen a definir su estrategia jurídica de defensa, pero la discusión sobre esa agenda de desarrollo claramente se va a debatir y se tiene que enfrentar al momento de resolver las peticiones de restitución y reparación integral de tierras de las comunidades», precisa Mojica.

Con el cambio de postura,  la petrolera ha tratado de presentarse neutral y buscando limpiar su nombre y desvincularse del proceso de restitución de tierras, lo cual es imposible por dos razones, precisa la subdirectora de la CCJ.

«La primera, porque no es posible hacer el aprovechamiento del petróleo sin hacer una afectación directa que dañe distintos niveles de los derechos territoriales de las comunidades ancestrales Siona, ya que la industria extractiva es de altas afectaciones, no solamente medioambientales, sino también sociales, alterando las culturas, las tradiciones y las creencias, y recursos importantes para la subsistencia de la comunidad como el agua, la vegetación y el paisaje», dice Mojica.

Y la segunda razón, agrega, «es porque no solamente en el proceso de restitución se discuten los derechos sobre la propiedad o la titularización de la tierra;  en el caso étnico también se reclama la reparación del territorio, no solamente por la relación que sus habitantes y sus pueblos tienen en él, sino por el valor en sí mismo del territorio ancestral, lo que ha sido aclarado por varias sentencias de las altas cortes que han indicado que el territorio ancestral es, en sí mismo, un sujeto de protección de los derechos étnicos».

Pueblo Nasa y colonos

La Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali también tendrá la última palabra en la controversia surgida luego de la solicitud de una porción de tierra hecha por una comunidad del pueblo Nasa asentada en territorio ancestral Siona, para la constitución de su propio resguardo. Se trata de una historia que comenzó finalizando la década de los setenta, cuando por lo menos nueve familias de esta etnia llegaron al departamento de Putumayo huyendo de la violencia que para aquel entonces se vivía en tierras caucanas.

Los Nasa le pidieron refugio a los Siona y estos les concedieron una franja de tierra en el norte del resguardo Buenavista, un sector conocido como Chorro Largo. Allí, los nuevos pobladores “echaron raíces”. La comunidad creció, conformaron su propia autoridad de gobierno para conservar su autonomía como pueblo indígena y solicitaron ante el Incoder la titulación de una parte del territorio. Pero dado que la solicitud de los Nasa abarcaba las tierras que los Siona pretenden para la ampliación del resguardo, ambos pueblos debieron iniciar un proceso de concertación.

Así, entre 2016 y mayo del presente año, ambos pueblos indígenas sostuvieron sendas reuniones en las que discutieron cuánta tierra entregarían los Siona a los Nasa y dónde estaría ubicada. Al respecto, Sandro Piaguajé señala que a principios de este año ambos pueblos llegaron a un acuerdo según el cual, ellos entregarían poco más de seis mil hectáreas del área solicitada en ampliación al pueblo Nasa.

“Y a pesar de que ya habíamos llegado a ese acuerdo, tanto así que íbamos a ir con topógrafos de la Agencia Nacional de Tierras (antiguo Incoder) para delimitar coordenadas, para medir el territorio, en mayo de este año los compañeros Nasa dijeron que ese no era el acuerdo y que ellos estaban solicitando eran unas 10 mil hectáreas en total. Ahí estamos en desacuerdo con los Nasa, porque lo que ellos solicitan incluye territorio sagrado para nosotros”, dice.

Dado que ya se cumplieron los tiempos de conciliar las diferencias entre estos pueblos indígenas, la decisión final la deberá tomar la Sala Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cali. VerdadAbierta.com intentó conocer la versión del pueblo Nasa. Pero pese a las múltiples consultas ante el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric); y la Organización Indígena Zonal del Putumayo (Ozip), y las conversaciones sostenidas con varios indígenas Nasa residentes en Putumayo, ninguno de ellos quiso atender el llamado de este portal. Este medio continua atento y dispuesto a conocer su versión.

No es el único asunto traumático que encierra la solicitud de ampliación. El proceso tiene como opositores unas 300 familias campesinas que, alegan, llevan viviendo en tierras que hoy están siendo solicitadas y sobre las que pesa la medida cautelar.

“La verdad es que hay Juntas de Acción Comunal (JAC) que están sobre el río Mecaya que hacen parte del área de ampliación. Hay otras que están sobre el río Piñuña Blanco que también quedan adentro”, explica Mario Erazo Yaiguaje, quien añade: “Hay parte del campesinado que entiende nuestra lucha, nuestra mirada. Ellos lo que dicen es: ‘Ustedes amplían, nos acogen, y nosotros ayudamos a conservar. Con esas JAC estamos buscando crear alianzas, para demostrarles para qué queremos el territorio”.

El problema, según varios líderes indígenas consultados por VerdadAbierta.com, está en los colonos que han ingresado al área solicitada en ampliación durante el último año, quienes están dedicados a la siembra de hoja de coca y a tumbar selva para convertirla en potreros para ganado, situación que amenaza con salirse de las manos de las autoridades indígenas. Sin duda una preocupación más que se suma a una larga lista de tareas pendientes que debe llevar a cabo el pueblo Siona para proteger un territorio ancestral, portador de su espiritualidad.

__

Investigación adelantada con el apoyo de la CCJ y recursos del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID

__