La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras muere en apenas 20 meses, y en el más optimista de los escenarios se alcanzarían a devolver apenas una tercera parte de los predios abandonados por campesinos huyendo de la guerra o que les fueron despojados a la fuerza. Por eso piden las víctimas extender su vigencia. Tampoco se ha hecho justicia frente a los despojadores, y la última esperanza es la JEP.
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Si la restitución de tierras llegara a su fin el 10 de junio de 2021, cuando se cumplen los diez años de vigencia de la Ley 1448 de 2011, se quedarían sin resolver por lo menos unas 25 mil solicitudes presentadas por campesinos y comunidades étnicas que piden se les devuelvan los predios que les quitaron violentamente o que debieron abandonar a la fuerza en medio del conflicto armado.

Es la cifra que calculan voceros de organizaciones que acompañan víctimas de despojo de tierras en el país, como la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC). Sus voceros coinciden en afirmar que, de no ampliarse la vigencia de la Ley, no se alcanzarían a reparar las víctimas de despojo de tierras, un delito que cometieron diversos actores armados y sus cómplices en forma masiva y sistemática en varias regiones del país durante el último cuarto de siglo pasado.

Radiografía de la restitución de tierras en Colombia, fue el informe presentado el pasado el 9 de mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la CCJ, la Fundación Forjando Futuros y otras diez organizaciones más.

Para tener mejor chance de cumplirles a estas sufridas comunidades, las organizaciones proponen ajustar la implementación de la Ley de Restitución para corregir con prontitud lo que está fallando y, sobre todo, prorrogar su vigencia con urgencia, pues no se alcanzará a hacer todo lo pendiente en menos de dos años que le quedan.

“Terminada la vigencia de la Ley, el efecto inmediato sería el cierre de los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras. Los procesos en curso se reasignarían a jueces y magistrados civiles y ordinarios, cuya especialidad sería la más cercana a la materia. Esto desnaturaliza el carácter transicional de la restitución, ya que serían jueces sin formación ni trayectoria en derechos humanos quienes, con un punto de vista privatista, formal y netamente centrado en el análisis de la propiedad quedarían con la responsabilidad de adoptar las decisiones”, destaca el informe.

El propio presidente de la República, Iván Duque, señaló durante los primeros días de octubre que pedirá a funcionarios de su gobierno que presenten un proyecto de Ley que prorrogue por otros diez años más la Ley 1448, pero las organizaciones que acompañan a las víctimas acogen el anuncio con cautela.

“Coincidimos con el gobierno nacional en la necesidad de ampliar la Ley. Pero llevar esa decisión al escenario legislativo requiere de mucho cuidado y de un trabajo fuerte de incidencia de las organizaciones sociales, pues si se le suman otras reformas legislativas a la Ley, puede ser contraproducente y hasta regresivo”, afirma la abogada Paula Villa, vocera de la CCJ.

A la fecha se encuentran en trámite en la Cámara de Representantes dos iniciativas que buscan ampliar la vigencia de la norma: el Proyecto de Ley 199 de 2019 con ponencia John Jairo Hoyos, del Partido de la U; y el 247 de 2019, impulsado por María José Pizarro Rodríguez, del movimiento Decentes.

Por parte del Centro Democrático, actual partido de gobierno, existen dos proyectos: el 272 de 2019 que propone la ampliación de la vigencia de la Ley, radicado el pasado 8 de octubre por el representante Edwin Ballesteros, quien en su exposición de motivos hace exclusiva referencia a temas de retornos y reparación colectiva de la Unidad para las Víctimas, al cual se suma el proyecto de la senadora María Fernanda Cabal, el 20 de 2019, mediante cual se pretenden modificar los principales pilares de la restitución.

Por lo pronto, otro camino que puede llevar a la ampliación de la vigencia de la Ley es el legal. La Corte Constitucional estudia una demanda de inconstitucionalidad al artículo 208 puesta por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, entre otras organizaciones civiles y los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera.

Los demandantes argumentan que se deben armonizar todas las disposiciones relativas al tema de reparación y atención de víctimas del conflicto armado consignadas en el Acuerdo de Paz -entre ellas la restitución de tierras- y que hoy son norma constitucional. Bajo esta interpretación, el artículo 208 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que le da diez años de duración, es inconstitucional.

El pasado 10 de octubre, la Corte Constitucional convocó a una audiencia pública para escuchar las posturas de representantes de la sociedad civil, los demandantes, voceros de las víctimas del conflicto armado, entidades como la Procuraduría General de la Nación, funcionarios del gobierno nacional, entre otros.

La Procuraduría General de la Nación se mostró favorable al argumento según el cual la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras debe armonizarse con el Acuerdo de Paz y por ello debe declararse inconstitucional el artículo en cuestión y extender la vigencia del articulado hasta que dure la implementación de lo pactado con la antigua guerrilla de las Farc.

Una ley en deuda

Al momento de promulgar la Ley, expertos calculaban que los campesinos colombianos huyendo por sus vidas en medio de la violencia habían abandonado o los habían despojado a la fuerza de 6,65 millones de hectáreas de tierra entre 1980 y 2010. Esa es la estimación que realizó la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado en su III Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada de octubre de 2010, dirigida por el economista Luis Jorge Garay.

Aunque la encuesta no incluyó los territorios de comunidades étnicas, encontró que entre tierras despojadas y abandonadas los actores armados habían afectado el 12 por ciento de la superficie agropecuaria del país.

El desfase entre esa realidad y la de la restitución que se ha conseguido hasta ahora es grande. Según las estadísticas de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), hasta el 31 de agosto de este año, los jueces de tierras habían proferido 5.259 sentencias que ordenaban restituir cerca de 362.755 hectáreas de tierra a 10.430 personas o grupos de personas que las solicitaron.

Según dice Villa de la CCJ, en el mejor de los casos esta cifra se puede elevar a unas dos millones de hectáreas si los jueces llegaran a fallar los casos que se encuentran en etapa administrativa y los que tienen los jueces en sus despachos en lo que queda de vigencia de la Ley.

Ante una pregunta similar en un foro sobre el tema en la Universidad del Rosario en septiembre pasado, el director de la URT, Andrés Castro respondió: “Muy probablemente se trate de hechos ocurridos antes del 1 de enero de 1990, es decir, casos que no son competencia de la Ley”.

Según explican las organizaciones consultadas por VerdAdAbierta.com, una mejor respuesta surge de analizar qué pasó en aquellos territorios en los que los despojos han sido grandes, pero que no ha habido en los ocho años, y no hay hoy, condiciones de seguridad para realizar las restituciones. Algunos de ellos son el Bajo Cauca, el Norte y el Nordeste de Antioquia, donde el fuego cruzado no había permitido a las autoridades avanzar ni siquiera en definir en qué zonas se van a concentrar (microfocalización) para estudiar el despojo. Tampoco se podían recibir denuncias, por ende, no se conocían detalles del fenómeno y sus perpetradores, y mucho menos restituir a las víctimas.

Si bien hace varias semanas la URT anunció la suspensión del trámite de solicitudes de restitución en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Briceño, Ituango y Amalfi debido a las condiciones de inseguridad, al igual que en los seis municipios que conforman el Bajo Cauca (Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre y Zaragoza), donde grupos armados ilegales libran una guerra sin cuartel por el control del territorio, el pasado 8 de noviembre su director anunció a través de sus redes sociales que la “Fuerza Pública dio viabilidad para iniciar el proceso de restitución en los municipios de Valdivia, Tarazá, El Bagre y Zaragoza”.

Pero las limitaciones suceden igual en la región del Catatumbo, en Norte de Santander; también en el sur de Bolívar; asimismo en gran parte del Andén Pacífico y en Putumayo, Meta, Caquetá y Casanare. Lo que preocupa a organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas es que, de no ampliarse la Ley, en estas regiones no se restituirán masivamente a sus legítimos dueños la tierra presuntamente despojada en razón del conflicto armado.

Además de que es difícil llevar adelante la restitución donde aún no ha cesado la criminalidad y los ataques violentos, también se han quedado sin respuesta aquellos campesinos que cultivaban predios tradicionalmente dentro de parques nacionales, cuyos límites se definieron hace medio siglo en el papel, y que fueron expulsados de allí por actores del conflicto.

Un caso que ejemplifica bien lo anterior es el de por lo menos 150 familias campesinas que han solicitado a la jurisdicción especial de tierras la restitución de predios ubicados dentro del Parque Nacional Natural Paramillo, entre Antioquia y Córdoba. Estas vivían en ese territorio protegido y fueron expulsadas por la fiereza del conflicto armado durante la década de los noventa.

Estas familias no sólo temen que la Ley venza antes de que escuchen su caso, sino incluso que su caso no llegue ni siquiera a la etapa administrativa en la URT, entre otras, porque el artículo 1 del Decreto 440 de 2016 estableció que las pretensiones de restitución de predios ubicados en cualquier territorio ambientalmente protegido ni siquiera serían aceptadas por la entidad para su estudio.

El galimatías los creó el propio Estado colombiano que, en 1977, declaró una extensión de 460 mil hectáreas como Parque Nacional Natural Paramillo, desconociendo que allí vivían cientos de comunidades campesinas que llegaron a colonizar esas tierras baldías décadas atrás, algunas de ellas, incluso, con la bendición de los gobiernos nacionales y regionales de los primeros años del siglo XX.

Sentencias que no significan restitución

“La Ley (de Víctimas y Restitución de Tierras) no ha podido cumplir el objetivo para el cual fue creada, restituir”, se lamenta Julio Caustumal, abogado de la Fundación Forjando Futuros. “No estoy hablando de los casos que faltan por llegar ante la URT o de los procesos que están represados o los que están todavía en manos de los jueces. Hablo de casos fallados, con decisiones en firme, donde, también, la restitución ha sido imposible”.

“En Urabá tenemos un par de casos –continúa Caustumal- donde los opositores, en este caso empresarios ganaderos, han atacado las decisiones judiciales y no han permitido que los campesinos regresen a sus parcelas, pese a que hay una sentencia proferida por un juez de tierras”.

Ejemplo de lo anterior, señala el jurista, “es un caso que tenemos en la vereda California, de Turbo, que ya tiene sentencia y donde no se ha podido hacer la entrega material del predio porque el opositor, en este caso el empresario bananero Felipe Echeverri, ha interpuesto acciones de tutela y otros recursos para atacar una decisión en firme”.

También está el caso del campesino Laureano Gómez, a quien el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Apartadó le restituyó su predio en la vereda Los Cedros, de Mutatá. En este caso, su opositor fue la empresa Todo Tiempo S.A.S, propietaria de la Hacienda Monteverde, un extenso latifundio de poco más de 5 mil hectáreas sobre la cual pesan alrededor de 50 solicitudes de restitución.

“En la vereda Paquemás, de Turbo, la cosa es más delicada todavía porque varios de los campesinos restituidos están conviviendo con los segundos ocupantes de buena fe, que se quedaron sin dónde vivir prácticamente. En otros casos, los campesinos tienen sus proyectos productivos pero los opositores, que siguen viviendo en la región, se los envenenan, se los dañan, les tumban las cercas”, dice Caustumal, y concluye: “La verdad en Urabá la restitución no va nada bien”.

Para el jurista, complicado también es el panorama de los procesos que aún están en manos de la Unidad de Restitución de Tierras. Hasta el pasado 31 de agosto, esta entidad había recibido 122.709 solicitudes para restituir unos 112 mil predios que se presume fueron despojados o abandonados a la fuerza durante el conflicto armado en todo el país.

De ellas, unas 98.486 ya iniciaron su trámite ante los funcionarios de la URT. Quiere decir que aún hay unas 24.223 reclamaciones aguardando el inicio de su diligencia.

La misma URT señala que, de 75.651 solicitudes que ya terminaron su trámite en la etapa administrativa, unas 49.156, es decir, un 40 por ciento, fueron rechazadas tras considerar que no se ajustaban a la misión de la entidad mientras que unas 26.495 fueron aceptadas e incluidas en el registro de tierras despojadas y abandonadas. El alto número de solicitudes rechazadas preocupa a las organizaciones no gubernamentales por lo que le pidieron a la Procuraduría que revisara esas decisiones.

Asimismo, unas 18.771 solicitudes ya fueron trasladadas ante los jueces especiales de tierras, las cuales se suman a los poco más de cinco mil casos que, según estima el abogado de la Fundación Forjando Futuros, se encuentran en los despachos de jueces y magistrados de esta jurisdicción especial y que, hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial sobre la ampliación de la vigencia de la Ley, deberán ser evacuados en los próximos 20 meses.

Casos complejos

Varios casos que hoy reposan en los despachos de jueces y magistrados de tierras revisten tal complejidad que sus reclamantes dudan que haya decisiones de fondo antes de 2021. Sucede, por ejemplo, con el consejo comunitario de Puerto Girón, de Apartadó, Urabá antioqueño. Su caso se encuentra en manos del Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Tierras de Apartadó desde el 3 de octubre de 2017. Se trata de la solicitud de restitución presentada por comunidades negras para que se les titulen un territorio de 11.269 hectáreas que consideran ancestral y que abarca áreas de los corregimientos Puerto Girón (Apartadó); Nueva Colonia (Turbo) y Zungo (Carepa).

Hace más de 60 años llegaron los primeros afros a poblar esta región surcada por los ríos León y Suriquí, que desembocan en el Golfo de Urabá. Todos allí esperaban que, con la Ley 70 de 1993, el Estado les iba reconocer su titularidad sobre el territorio colectivo. Pero no fue así. Las entidades estatales responsables del tema dilataron sin justificación alguna la adjudicación mientras que la violencia paramilitar los expulsó a sangre y fuego de sus tierras.

La particularidad de este proceso es que allí, justo en el territorio reclamado por las comunidades negras, es donde los empresarios bananeros del Urabá antioqueño impulsan la construcción del proyecto Puerto Antioquia, un terminal marítimo de aguas profundas cuyo costo inicial se estima en 600 millones de dólares y del cual se espera movilice unos 6,6 millones de toneladas de carga una vez entre en funcionamiento.

Pese a que el 18 de mayo de 2018 el Juez Primero decretó medidas cautelares sobre 70 predios privados dentro del territorio colectivo solicitado en restitución, entre ellos, varias fincas que figuran a nombre de Agrícola Santamaría S.A, de propiedad de la familia Henríquez Gallo, reconocidos empresarios bananeros y socios del proyecto, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció públicamente que el próximo 30 de noviembre viajará a Puerto Girón para instalar la primera piedra y dar por iniciadas, oficialmente, las obras del puerto.

“Nosotros sí estuvimos en una reunión en la Gobernación, se puso ese tema sobre, pero no hemos firmado nada”, señalaron por su parte voceros del Consejo Comunitario consultados por VerdadAbierta.com, quienes agregaron que “las cosas siguen igual. Eso está en manos del Juez y esperando a ver qué dice porque no ha pasado nada nuevo, ningún pronunciamiento, ninguna decisión”.

Este portal buscó de manera insistente al Gobernador de Antioquia para preguntarle al respecto y no fue posible obtener respuesta alguna.

La misma suerte corre el caso del consejo comunitario La Larga Tumaradó, un territorio conformado por 46 comunidades negras que cuenta con una extensión de 107 mil hectáreas en el municipio chocoano de Riosucio. Después de varios años de construcción de la demanda por parte de los abogados de la URT, que no estuvo exenta de dificultades y controversias con la misma comunidad, llegó a manos del Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó los primeros días de diciembre de 2017.

En ella, las comunidades negras piden les restituyan el territorio colectivo que les fue usurpado por un puñado de terratenientes y ganaderos que sacaron provecho de la diáspora generada por la violencia paramilitar de finales de los años noventa del siglo XX, para comprar tierras a bajos precios y desarrollar allí extensos proyectos palmicultores o ganaderos.

“El problema es que el Juez que conoció el proceso, que fue muy garantista con las comunidades, fue trasladado a otra región y quien llegó en su lugar debe empaparse de todos sus detalles, debe conocer un proceso que tiene más de 50 cuadernos, situación que ha demorado la toma de una decisión de fondo”, señala Julio Caustemel, de Forjando Futuros, conocedor de la historia de este Consejo Comunitario.

¿Restitución en la JEP?

En el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, entre la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), se pactó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional que juzga a excombatientes de las Farc, a agentes de la Fuerza Pública y a terceros civiles que se presentan voluntariamente.

Entre las reglas de funcionamiento de dicho tribunal se estableció que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad recibiría informes de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar, entre otras, sobre investigaciones relativas a delitos cometidos en razón del conflicto armado. También se pactó que las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos podrían presentar informes sobre violaciones a sus derechos por actores armados.

Varias organizaciones no gubernamentales llevaron ante la JEP casos de desplazamiento forzado y otros crímenes que se encuentran asociados al despojo y abandono de tierras. La Corporación Jurídica Yira Castro presentó un informe titulado La meta es justicia para el Meta, donde consigna una radiografía de lo que ha sido el proceso de restitución en la altillanura como Puerto Gaitán, Cabuyaro, San Martín, Acacías, La Uribe, Puerto Rico y Puerto Lleras.

Además de llamar la atención por la poca efectividad de la Ley de Restitución de Tierras, el informe sostiene que la justicia no ha investigado debidamente a los posibles responsables del desplazamiento forzado y beneficiarios del despojo. Algo similar argumenta el informe presentando por la Fundación Forjando Futuros sobre la restitución de tierras en Urabá. El documento contiene un listado de empresas y personas, las cuales los jueces de tierras han pedido a la Fiscalía investigar por su posible responsabilidad en casos de despojo.

Allí sobresalen nombres como el de Jaime Enrique González Marroquín, notario Segundo de Cúcuta, a quien la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de esta ciudad ordenó investigar por su responsabilidad en el despojo de un inmueble urbano. También figura el nombre de Edgardo Percy Diazgranados, exgerente de la mina La Jagua, Cesar, a quien el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar ordenó investigar.

El exfuncionario de las entidades ya cerradas, Incora e Incoder, Clímaco Chamorro. Aparece mencionado por haber estado presuntamente involucrado en casos de despojo como el perpetrado en la vereda Paquemás, de Turbo. También es señalado de actuar irregularmente en el trámite de adjudicación del territorio colectivo para comunidades negras en Puerto Girón, de Apartadó, y cuestionado por los desplazados de los predios La Cotorrita y Sevilla, de la vereda Moncholo, de Necoclí, porque, según ellos, los presionó a renunciar a adjudicaciones de parcelas que les dieron en 1989, para facilitarle así negocios de compraventa con terratenientes y ganaderos de la región.

El objetivo de las organizaciones con estos informes es que la JEP haga lo que, consideran, la jurisdicción especial de tierras no hizo: develar la responsabilidad de terceros civiles en delitos como desplazamiento forzado, homicidios selectivos, masacres y desapariciones forzadas, fraude procesal, falsedad en documento público, entre otros, que se encuentran ligados a los patrones de despojo identificados por los jueces de tierras y consignados en sus sentencias.

Para avanzar en el esclarecimiento de los terceros en los patrones de despojo cometidos en el país, las organizaciones le pedirán a la JEP que indague por el estado de las órdenes de investigarlos que dieron jueces y magistrados de tierras.

“Una de las obligaciones que tenían los jueces de tierras era compulsar copias si llegaban a encontrar acciones delictivas por parte de otros agentes en relación con el caso particular de restitución”, sostiene Villa de la CCJ. “Una compulsa de copias no significa responsabilidad penal. Significa que la justicia tiene que investigar a mayor profundidad”.

A su juicio, en los trámites judiciales ante los jueces especializados de tierras, “el despojo de tierras en Colombia no se tocó en términos estructurales y en esa medida, las posibilidades de que ese ciclo de violencia, desplazamiento, usurpación de tierras se repita, es inmenso”.

No hay una cifra consolidada sobre a cuántas personas o en cuántos casos los jueces de tierras ordenaron a la justicia investigar su posible responsabilidad en el despojo. Y las organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos temen que estas terminen convertidas en un “canto a la bandera”, como sucede actualmente con las más de 12 mil órdenes de investigar a funcionarios, militares y terceros civiles proferidas por magistrados de Justicia y Paz, muchas de las cuales se encuentran durmiendo “el sueño de los justos” en los despachos de la Fiscalía General de la Nación.

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Investigación adelantada con el apoyo de la CCJ y recursos del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID.

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