Tal vez el Estado colombiano nunca imaginó que cuando decidió crear, en 1977, el Parque Nacional Natural Paramillo, con el propósito de conservar bosques, flora, fauna y recursos hídricos, agudizaría un viejo problema de acceso a la tierra de colonos campesinos que data de mediados del siglo pasado. Ahora, un grupo de labriegos espera que, a través de la Ley de Restitución de Tierras, se pueda solucionar ese conflicto socioambiental.
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En las próximas semanas, abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización no gubernamental que brinda asesoría jurídica a víctimas del conflicto armado, acudirán a las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para iniciar un proceso que, desde su inicio, parece una verdadera quijotada.

Los juristas serán los apoderados judiciales de unas 150 familias campesinas que vivían en predios del Parque Nacional Natural Paramillo y que una década atrás fueron expulsadas a la fuerza de sus fincas por la crudeza del conflicto armado. Ahora pretenden que la justicia les conceda el derecho a la restitución de tierras.

Aunque el artículo 1° del Decreto 440 de 2016 estableció que las pretensiones de restitución de predios ubicados en cualquier territorio que integre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas -compuesto por parques, reservas forestales protectoras y distritos de manejo integrados, entre otros- ni siquiera serían aceptadas por la entidad estatal para su estudio formal, tanto los campesinos reclamantes como los abogados que los representarán precisan que, en el caso del Parque Nacional Natural Paramillo, existen algunas consideraciones que no se pueden desconocer.

Una de ellas guarda relación con la furia con la que las guerrillas, del Epl primero y luego de las Farc, los distintos bloques que conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Ejército Nacional, combatieron en la región conocida como el Nudo de Paramillo, convirtiéndola en una de las llamadas “zonas rojas” más críticas del país. Los desplazamientos forzados masivos, la presencia de las temidas minas antipersonal, los asesinatos selectivos y las masacres marcaron la vida de miles de campesinos durante más de cinco décadas. (Ver línea de tiempo)

A esto se suma el galimatías creado por el propio Estado colombiano cuando, en 1977, declaró una extensión de 460 mil hectáreas como Parque Nacional Natural Paramillo, desconociendo que allí vivían cientos de comunidades campesinas que llegaron a colonizar esas tierras baldías décadas atrás, algunas de ellas, incluso, con la bendición de los gobiernos nacionales y regionales de turno durante los primeros años del siglo XX.

Se trata de un verdadero embrollo macondiano sobre el que no parece haber un acuerdo definitivo dada las posturas adversas entre los labriegos y Parques Nacionales, la entidad estatal responsable del manejo del Parque Nacional Natural Paramillo.

A juicio de Sergio Martínez, abogado de la CCJ y uno de los responsables de llevar a buen puerto las pretensiones de los campesinos reclamantes, la consideración más importante es que “la restitución es un derecho fundamental que tienen las víctimas del conflicto armado, que no se reduce al proceso administrativo de la URT o la entrega material del bien despojado, por lo que creemos que el Decreto (440 de 2016) vulnera precisamente ese derecho al negar que, por lo menos, se conozca y se estudie el caso”.

Las solicitudes que la organización no gubernamental presentará ante la URT corresponden a las veredas La Danta, La Jagua y Tres Palitos, zonas donde se conjugan el enredo estatal generado por la creación del Parque con la dinámica de un conflicto armado librado sin tregua ni cuartel.

Jhenifer Mojica, subdirectora de la CCJ, agrega, al respecto, que “el Estado no puede negar los derechos a las víctimas desplazadas forzosamente del Paramillo bajo la excusa que es un área protegida. Las víctimas tienen un derecho fundamental a ser reparadas y restituidas”.

Olvidados en El Paraíso

Gregorio*, un campesino afable, de voz melodiosa y marcado acento costeño, recuerda sin temor a equivocarse que cuando abrió sus ojos por primera vez en su vereda ya vivían cuatro familias, “y mire que yo tengo 44 años y todos los he vivido aquí en esta región”.

El labriego hace referencia a La Danta, una vereda que durante muchos años fue parte del municipio de Puerto Libertador, pero que luego, mediante Ordenanza 011 del 24 de julio de 2007 de la Asamblea Departamental de Córdoba, quedó bajo jurisdicción de la naciente localidad de San José de Uré que, a su vez, fue corregimiento de Montelíbano.

Gregorio nació en 1975, dos años antes de que el Ministerio de Agricultura expidiera la Resolución 163 de 1977, mediante la cual aprobó el Acuerdo 024 del 2 de mayo del mismo año, emitido por el desaparecido Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) que, previo concepto favorable de la Academia Colombiana de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, pidió reservar un área de 460 mil hectáreas ubicadas en jurisdicción de los municipios antioqueños de Peque, Dabeiba e Ituango y los cordobeses de Montelíbano y Tierralta, para crear el Parque Nacional Natural Paramillo.

El Parque se encuentra en el accidente geográfico conocido como Nudo de Paramillo, que nace justo allí donde la cordillera Occidental se interna en los límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia, bifurcándose en forma de estrella para dar origen a las serranías de Ayapel, San Jerónimo y Abibe. Allí converge un entramado rico en aguas, fauna y flora, donde la altura de sus montañas, tapizadas por bosques de amargos, cedros, canelos y robles de tierra fría, oscilan entre los 800 y los 2.500 metros sobre el nivel del mar.

Allí nacen los ríos Sinú y San Jorge, principales afluentes del departamento de Córdoba; así como los ríos Ituango y Río Sucio, este último principal afluente del Atrato. Además, es refugio natural de todas las especies de dantas que habitan en Colombia. También es común encontrar en esos parajes osos de anteojos, pumas, tigrillos y el llamado jaguar americano.

Por ello, la Resolución que creó el Parque dejó una prohibición expresa: la de realizar “cualquier actividad diferente a las de conservación, investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control”. También prohibió la adjudicación de cualquier baldío, pues por su condición de área protegida, la tierra adquiría a partir de ese momento un carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable.

Si bien el Estado colombiano pretendía preservar bosques, fauna, flora y recursos hídricos, no ha hecho los esfuerzos suficientes y considera que con crear formalmente parques ya está conservando y protegiendo el medio ambiente, pero hay quienes piensan que eso no es así. Además, nada definió sobre las comunidades campesinas que ya vivían allí, incluso, con una historia de colonización de varias décadas a cuestas, como fue el caso de los padres de Gregorio.

“Ellos llegaron a esta región a finales de los años sesenta. Y compraron un pedacito de tierra como se compraba en ese entonces: de palabra”, recuerda. Durante décadas, la familia del labriego se dedicó a la siembra de pancoger en una tierra que, dice, “es bastante buena, bastante fértil, lo que usted siembre le da”.

Quizás la fertilidad de la tierra, quizás el encontrarse abandonados a su suerte en semejante paraíso natural, quizás una combinación de ambas, atrajo a los primeros cocaleros que, tal como relata Gregorio, llegaron a La Danta promediando la década del noventa: “Eso no se puede negar. Llegó la (hoja de) coca para esos años y usted sabe que, en estas tierras donde no hay Estado, donde sacar una carga de maíz a Puerto Libertador salía más cara que cultivarla, pues, ¿qué hizo el campesino? Dedicarse a la coca”.

Rápidamente los sembradíos de hoja de coca para uso ilícito se esparcieron por el Parque Nacional Natural Paramillo, convirtiéndose en una seria amenaza para la biodiversidad del área protegida. Según datos del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), desde que en 2001 comenzó el registro de los sembradíos de hoja de coca en los parques nacionales, los parques Nukak (Guaviare), Sierra La Macarena (Meta) y Paramillo (Antioquia-Córdoba) han concentrado históricamente poco más del 60 por ciento de los cultivos ilícitos en áreas protegidas.

Las más recientes mediciones señalan que el Parque Nacional Natural Paramillo pasó de contar con 766 hectáreas sembradas en 2015 a una extensión total de 1.278 hectáreas en 2017, siendo, de paso, el segundo Parque Nacional Natural con mayor presencia de cultivos ilícitos, luego de La Macarena, que registró 2.832 hectáreas en 2017.

En efecto, los cultivos ilícitos terminaron atizando el fuego de la confrontación entre grupos armados ilegales que buscaban la supremacía militar y social en la región del Paramillo.

“Por esta zona siempre se movieron las Farc. Pero eran ellas solas en el territorio y no había problema. El problema fue cuando llegaron los paramilitares. La cosa se puso jodida porque la pelea fue entre esos dos grupos”, señala Rodolfo*, un mulato de facciones indígenas, de bigote corto y fino, y de memoria prodigiosa para las fechas: “Yo llegué a La Danta el 10 de agosto de 1985. Vine a visitar una tía. Me gustó la tierra, me puse a jornalear para ahorrar y comprar una tierrita y así pasó. Compré siete hectáreas en 160 mil pesos. Compré de palabra, sin firmar ningún papel, como se hacían todos los negocios por aquí”.

Apelando a su memoria, Rodolfo recuerda que fueron los años comprendidos entre el 2000 y el 2006 cuando La Danta se convirtió en un cruento teatro de guerra: “Mucha persona asesinada, muchas personas desaparecidas. Fueron tremendos esos años”. Paradójicamente, las poco más de 200 familias que llegaron a poblar este caserío lograron resistir durante esos años en sus predios los embates de una guerra librada con intensidad. Lo que no lograron resistir fue la lucha frontal del Estado contra los cultivos ilícitos.

El gobierno nacional del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) arreció las fumigaciones aéreas con glifosato sobre los sembradíos de hoja de coca, lo que motivó una furiosa reacción de la extinta guerrilla de las Farc.

La fecha del infortunio la tiene grabada Rodolfo en su memoria como un tatuaje: “El 23 de febrero de 2008 se dio el primer gran desplazamiento forzado. Ese día nos tocó salir a cuatro comunidades: Tres Palitos, La Jagua, La Danta y Minará. Nos tocó salir con lo que teníamos puesto ¿Por qué? Pues llegó la guerrilla y nos dijo: ‘Nos vamos a dar plomo con el Ejército y no vamos a responder por nadie, así que se van ya’”.

Los desplazados se instalaron en el centro poblado del corregimiento Brazo Izquierdo, de Puerto Libertador. Seis meses después, desesperados del hacinamiento en la sede de la única institución educativa del lugar, decidieron regresar a sus veredas, “pero lo que encontramos fue muy triste”, según rememora Rodolfo: “Habían quemado las casas, se comieron todos los animalitos, tumbaron los cultivos, se robaron todas las cositas que teníamos. Nos dejaron sin nada”.

¿Restitución o compensación?

Nuevo Horizonte se llama el barrio construido por las familias campesinas desplazadas de las veredas La Jagua, La Danta, Tres Palitos y Minará en el centro poblado de Brazo Izquierdo. Se trata de un barrio de invasión donde conviven más de 100 familias, “una encima de la otra”, como describe Rodolfo.

Un número importante de ellas decidió no retornar a sus predios, entre otras razones, por el temor a caer en uno de los tantos campos minados instalados por la extinta guerrilla de las Farc para frenar el avance del Ejército. “En La Danta, por ejemplo, hay unas 10 familias viviendo. Y por lo menos la mitad es gente nueva”, afirma Gregorio, uno de los retornados.

Entre quienes decidieron quedarse en Brazo Izquierdo se encuentra Alberto*, un hombre “orgullosamente campesino”, como suele afirmar. Llegó a la vereda Tres Palitos en 1985. Seducido por la belleza del paisaje y las bondades de la tierra, compró una finca de 18 hectáreas por 120 mil pesos a un colono que llevaba viviendo en la región más de una década. “La única escritura que tengo es una compra-venta”, señala.

Desde que tuvo que abandonar a la fuerza su finca en 2008, solo sube a ella un par de veces al año, como para constatar que su patrimonio sigue ahí. Como buen labriego, alquiló un par de hectáreas de tierra en las cercanías del corregimiento para sembrar pancoger y hoja de coca. Fue precisamente por este sembradío que Alberto descubrió que la finca que compró, cultivó y habitó por poco más de 35 años, se encontraba dentro del Parque Nacional Natural Paramillo.

“Cuando se dio eso del Acuerdo de Paz, que comenzó la sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), fue cuando nos dimos cuenta que estábamos dentro del Parque. ¿Por qué? Porque la gente del PNIS decía: ‘Si la tierra de ustedes está dentro del Parque, no pueden adelantar proyectos productivos’. Entonces, vino la gente de Parques, midió y resulta que mi finca está toda dentro del Parque”.

Al respecto, precisa Gregorio: “Ellos vinieron, midieron y La Danta, por ejemplo, tiene el 95 por ciento del territorio dentro del Parque; Tres Palitos es la que menos tiene, como el 50 por ciento; La Jagua tiene más poquita tierra. La cosa es que eso lo descubrimos hace poquito, póngale usted unos tres, cuatro años para acá”.

Para Mojica, subdirectora de la CCJ esa es la prueba de la ingobernabilidad de las entidades públicas ambientales. “¿De qué sirve declarar cientos de hectáreas de área bajo la figura de PNN que no se pueden proteger. La protección ambiental es material no a través de leyes”, se pregunta.

Esa confirmación, en términos prácticos, significa que las tierras que los labriegos adquirieron tres y cuatro décadas atrás no tienen ningún valor comercial porque no se puede hacer ningún tipo de negocio con ellas por estar en un área ambientalmente protegida. También implica restricciones para los campesinos que deseen retornar a sus predios, pues no es posible realizar ninguna intervención que no esté asociada a conservar, proteger, investigar y recuperar el medio ambiente.

Por ello, cuando la CCJ les planteó a las familias campesinas de las veredas Tres Palitos, La Jagua, La Danta y Minará la posibilidad de presentar sus casos ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el sí fue prácticamente unánime.

Claro está que lograr que la URT acepte las solicitudes de los labriegos será una proeza jurídica si se tiene en cuenta que de 9.639 solicitudes de restitución de predios ubicados en áreas protegidas que recibió la entidad estatal entre 2015 y 2016, sólo se estudiaron 4.479 casos. La decisión final, para 2.178 de ellos fue no inscribirlos en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente mientras que unos 2.307 fueron rechazados de tajo, pues ni siquiera se dio estudio formal de la solicitud.

Se trata de una situación que se ha repetido a lo largo y ancho del país. “De los casos que nosotros representamos, más concretamente Macondo, Blanquicet y Nuevo Oriente, de Turbo, Antioquia, a las personas que no tenían título la URT les negó el registro aduciendo que estaban en un área de reserva forestal”, explica un abogado de la Fundación Forjando Futuros, quien acompaña a víctimas de despojo de tierras, principalmente en el Urabá antioqueño.

Sergio Martínez, abogado de la CCJ, cuenta que “tenemos pensada una estrategia jurídica para lograr que por lo menos la URT acepte el estudio de las solicitudes. Creemos que las víctimas del conflicto armado, como lo son los campesinos de estas veredas, tienen derecho de acceder al menos al trámite administrativo, como primer paso hacia la garantía del derecho fundamental a la restitución como medida preferente y pilar de la reparación integral a las víctimas”.

Antecedente judicial

Mojica sostiene que que las figuras de protección ambiental no son una causal de imposibilidad de la restitución. “Por el contrario, la inversión que el Estado hace al restituir y acompañar en el retorno a las víctimas, es una gran posibilidad para lograr el uso adecuado de las áreas protegidas, donde los campesinos son protagonistas de la conservación y restauración ambiental a través de proyectos de desarrollo sostenible”.

Basados en esa idea, la CCJ ha asumido el litigio en representación de víctimas que fueron despojadas de tierras dentro de áreas protegidas. De acuerdo con la subdirectora de esta organización no gubernamental, no hay no hay incompatibilidad: “La restitución va de la mano con la protección ambiental en la medida en que podemos generar alternativas de usos aceptados. a la vez que se protegen los derechos territoriales de las comunidades”.

Ejemplo de ello es el resultado favorable que obtuvo la CCJ en un caso de restitución de tierras en el Área de Manejo Especial de La Macarena en El Dorado, Meta, que benefició a dos campesinos.

La decisión referida está fechada el 30 de mayo de 2016 y fue tomada por la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó “reconocer y proteger el derecho fundamental a la restitución de tierras de los ciudadanos Arnulfo Gutiérrez Chávez y José Tiberio Ortiz Hernández”, quienes le solicitaron a la jurisdicción especial de tierras les restituyera los predios Mira Llano (de 2 hectáreas) y La Roca (de 6 hectáreas) respectivamente, de la vereda San Pedro, en El Dorado, Meta.

En ambos casos se trata de labriegos que llegaron como colonos a la región entre finales de los años sesenta (José Tiberio) y principios de los ochenta (Arnulfo). Pese a ocupar y trabajar la tierra por décadas, nunca contaron con documento oficial que los acreditara como propietarios. Ambos debieron abandonar sus predios durante los primeros años de la década de 2000 por cuenta de los constantes enfrentamientos entre los frentes 26, 31 y 53 de la extinta guerrilla de las Farc y la estructura paramilitar conocida como Bloque Centauros de las Auc.

Cuando acudieron a la justicia para acceder a su derecho a la restitución, ambos descubrieron que sus predios se encontraban dentro del Área de Manejo Especial La Macarena Ariari-Guayabero, situación que, en principio, constituía un obstáculo para la formalización de sus predios. No obstante, en su análisis, los magistrados de la Sala Especializada determinaron que, si bien a la luz del Decreto 440 de 2016 no sería posible acceder a las pretensiones de los solicitantes, aplicarlo en estricto orden podría constituir una medida desproporcionada que afectaría el derecho de las víctimas.

En la providencia, los togados consignaron que “lo que en efecto es una legítima medida por medio de la cual se pretende salvaguardar el derecho al medio ambiente, aplicar tal Decreto (440 de 2016) podría menoscabar desproporcionalmente el núcleo esencial del derecho a la restitución de tierras abandonadas y despojadas por el conflicto, constituido principalmente por el también derecho y principio a la reparación integral que asiste a las víctimas, fin constitucionalmente protegido, cuando hay medidas menos lesivas previstas por el ordenamiento jurídico”.

En otro apartado de la decisión advirtieron que “en estos casos, en donde habría que acudir a la ponderación de derechos, se debe tomar como punto de partida que para la protección del medio ambiente existen medidas menos lesivas frente al derecho a la restitución de tierras, medidas como la reubicación o la compensación, con base en las cuales se torna innecesaria la restricción que se hace al último de los derechos, teniendo en cuenta a su vez la manera en que el conflicto armado interno influyó en lo que en últimas para el campesino representó, la salvaguarda de su vida individual y familiar, el acceso a la tierra históricamente negada, y como resultado de esta, la expansión de la frontera agrícola”.

Por tanto, la Sala Especializada ordenó la entrega material y simbólica a los labriegos de los predios Mira Llano y La Roca. Además, ofició a la autoridad ambiental, en este caso Cormacarena, para que, en asocio con la URT y los campesinos restituidos, realicen una caracterización de los predios entregados a fin de determinar el tipo de actividad agrícola que se puede realizar en armonía con el Área de Manejo Especial La Macarena Ariari-Guayabero.

Parques con campesinos

Aunque se trata de un antecedente positivo, a labriegos como Rodolfo, Alberto y Gregorio los asalta la misma pregunta: ¿podrán retornar a sus predios, así estén dentro del Parque Nacional Natural Paramillo y, en contraprestación, dedicarse a actividades de conservación que sean reconocidas por el Estado colombiano?

Esa es, precisamente, una de las propuestas que las organizaciones campesinas del sur de Córdoba y Norte de Antioquia le han planteado a la dirección del Parque Nacional Natural Paramillo, pero “lo único que ha pretendido es expulsar a los campesinos que viven dentro del Parque sin ningún plan de reubicación, desconociendo que muchos de ellos, incluso, llegaron varios años antes de la declaratoria como parque”, señala Francisco Osuna, integrante de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor).

Y es que una de las dificultades históricas de las áreas ambientalmente protegidas en Colombia ha sido la ocupación campesina. Según informó la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales, “tenemos información parcial a 2018 sobre los habitantes al interior áreas protegidas, reportando una cifra de 10.555 personas, sin incluir dentro de esta cifra población asociada a pueblos indígenas o comunidades negras”.

Al respecto, cifras entregadas en el año 2016 por la dirección de este Parque al portal VerdadAbierta.com señalaban que, gracias a censos realizados promediando los años noventa, se logró determinar que, para 1998, habitaban dentro del Parque unas 2.223 familias, de las cuales unas 1.039 se encontraban desperdigadas en 31 veredas de Saiza (Tierralta, Córdoba); le seguían en su orden la región conocida como El Manso-El Tigre-Sinú, con 492 familias; el sector Bota-Cruz Grande, con 160 familias; sector Iguana-Florida, con 93 familias; y Antazales-Galilea, con 50 familias.

Según la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, “las problemáticas derivadas de la ocupación campesina van desde las presiones antrópicas tales como la expansión de la frontera agrícola, la ganadería extensiva; tala, quema, construcción de infraestructuras, cultivos ilícitos y en algunos casos minería ilegal”.

Para darle una solución definitiva a este tema, se creó en 2014 la Mesa de Concertación Nacional entre Parques Nacionales Naturales y Campesinado, este último representado por la Delegación Campesina, integrada a su vez por diferentes organizaciones campesinas de todo el país. Para el caso del Paramillo, participan, además de Ascsucor, la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) y la Asociación Campesina de Ituango (Ascit), entre otras.

De acuerdo con Osuna, en las conversaciones con las directivas del Parque Nacional Natural Paramillo se lograron algunos acuerdos, como precisar linderos: “Es decir, no es claro por dónde van los límites físicos del Parque y se llegó a un acuerdo de trabajar conjuntamente en ese tema, para instalar las pilastras (mojones). De hecho, acompañamos la instalación de un par de pilastras en San José de Uré”.

Según el integrante de Ascsucor, también fue bien recibida por parte de la dirección del Parque Nacional Natural Paramillo la propuesta de Zona de Reserva Campesina del Paramillo, planteada para la zona amortiguadora del Parque; es decir, aquella que colinda con el área protegida, pero está por fuera de ella. Donde no se lograron consensos entre ambas partes fue en el proceso de caracterización de las familias campesinas que viven dentro del Parque.

Tal como explica el líder comunitario, “hay campesinos que tienen ganado, que han tumbado monte, actividades que no se pueden hacer al interior el área protegida. Eso lo saben las familias, lo sabemos las organizaciones. Si el Parque adelanta la caracterización, pues puede imponer sanciones e, incluso, expulsar a las familias y lo que vemos es que no hay una política clara para reubicación de familias que llevan 20, 30 y hasta más años viviendo allí. ¿Qué dicen ellos? Que fuera del Parque ellos no pueden hacer nada”.

Tampoco hubo acuerdo en los llamados inamovibles, “que básicamente son: nosotros, las organizaciones campesinas, proponemos ‘Parques con campesinos’ y ellos quieren ‘Parques sin campesinos’. Pero ellos no proponen nada para la reubicación de las familias, para la adquisición de tierras y así es muy difícil”, agrega el vocero de Ascsucor. “Las conversaciones se rompieron definitivamente en 2017. La Mesa perdió el rumbo porque si las cosas no se van a solucionar, no tiene sentido estar en un espacio en el que no va pasar nada”.

Así, rotas las conversaciones por cuenta de las “líneas rojas” planteadas por las partes, no es claro el futuro de las familias campesinas que llevan décadas habitando dentro del Parque.

Este complejo tema fue presentado por la CCJ el pasado 9 de mayo durante las audiencias públicas del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese escenario, según Mojica, se le solicitó al Estado colombiano “que adoptara medidas para permitir el acceso de las víctimas que fueron despojadas a sangre y fuego al interior de las áreas protegidas, especialmente de parques, al proceso de restitución; revisara todos los casos de negación que se han dado anteriormente; y que buscara una solución efectiva e integral a los problemas de uso, ocupación y tenencia, que pasa por revisar la posibilidad de que los campesinos permanezcan en los parques y sean asistidas por el Estado para que hagan un uso adecuado y sostenible de las tierras, y no se apele a su expulsión”.

Según Mojica, “uno de los comisionados se interesó en el asunto y le preguntó al Estado colombiano qué iba a hacer sobre esta situación y la posibilidad de que las víctimas y los campesinos estuvieran en parques, ante lo cual no hubo respuesta”.

VerdadAbierta.com quiso conocer la versión tanto de la dirección del Parque Nacional Natural Paramillo como con la dirección nacional de Parques Nacionales sobre el tema. Para ello, envió un correo con un listado de preguntas que incluían inquietudes sobre la ocupación campesina en los Parques Nacionales y censo de cultivos ilícitos y otros fenómenos ilegales dentro del Parque Nacional Natural Paramillo. Pese a que algunos de los interrogantes fueron contestados, no hubo respuesta alguna por parte de Parques Nacionales sobre por qué se rompió la Mesa de Concertación y por qué se encuentran congelados los diálogos con las organizaciones campesinas.

Lo que sí pudo constatar este portal en terreno es que por cuenta de la violencia que azota estos momentos amplias zonas rurales del sur de Córdoba y el Norte de Antioquia, el trabajo de las organizaciones campesinas de Tierralta, Montelíbano y San José de Uré (Córdoba) e Ituango (Antioquia), precisamente los municipios con territorio dentro del Parque, se encuentra seriamente afectado, por lo que las reivindicaciones campesinas relativas a este histórico conflicto socioambiental hoy se encuentran prácticamente silenciadas y en medio de un incertidumbre espesa, como la exuberante vegetación del Paramillo.

* Nombres cambiados por razones de seguridad

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Investigación adelantada con el apoyo de la CCJ y recursos del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID

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